En el Decreto-Ley No. 288 —modificativo de la Ley General de la Vivienda— se eliminaron prohibiciones respecto a la compraventa de residencias permanentes entre personas naturales.

Al respecto la directora de Notarías y Registros Civiles del Ministerio de Justicia, Olga Lidia Pérez Díaz, explicó que el contrato de compraventa “debe ser formalizado directamente ante notario con sede en el lugar donde se encuentra enclavado el inmueble, por el precio que acuerden libremente las partes”.

 

¿Quiénes pueden comprar y vender?

Las personas autorizadas para llevar a cabo esta acción son las naturales cubanas con domicilio en el país, incluidas las que tengan la condición migratoria de residentes en el exterior, y los extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional.

 

Requerimientos

Para llevar a cabo el acto, el vendedor debe presentar el título de propiedad de la vivienda, la certificación de la sucursal bancaria acreditativa de haber liquidado los adeudos por concepto de pago de transferencia de la propiedad del inmueble, y la certificación acreditativa de la inscripción del inmueble objeto de la venta en el Registro de la Propiedad.

 

Otros detalles

Existen derechos que no pueden transmitirse, como por ejemplo el uso y la habitación. Hay personas que usan y disfrutan la vivienda de propiedad estatal gratuitamente (usufructuarios Gratuitos), pero carecen de la facultad de disposición porque no son sus propietarios.

El comprador en la audiencia notarial donde se formaliza el contrato de compraventa, está obligado a declarar bajo juramento que no posee otra vivienda de residencia permanente en propiedad y acreditará con el cheque de gerencia la existencia del dinero en la sucursal  bancaria correspondiente, a los efectos del pago acordado.

En cuanto al pago de los impuestos por concepto de compraventa; el notario se convierte en colaborador del fisco toda vez que debe consignar y apercibir expresamente la obligación de cada parte del pago, así como abstenerse de autorizar un nuevo documento público que contenga otra transmisión de ese bien, derecho o acción, sin que se acredite previamente el pago del impuesto correspondiente a la transmisión anterior.

El comprador debe pagar un impuesto por Transmisión de Bienes y Herencias ascendente al 4%  del precio de la venta del inmueble. En caso de que el mismo sea inferior al valor legal por tasación, se toma este último como base imponible. El vendedor, por su parte, debe abonar el impuesto por concepto de Ingresos Personales, ascendente a la misma cuantía.

El notario está obligado a informar a las oficinas de la administración tributaria correspondientes los datos e informaciones que sobre dichos actos se requieran, con el fin de que estos controlen y fiscalicen el pago de los impuestos.